Régimen 28 – Eu Inc.
Tras el anuncio de la Comisión Europea el pasado 18 de marzo de 2026, ya tenemos sobre la mesa la propuesta de EU Inc., pieza central del denominado “28.º régimen”.…
El panorama regulatorio actual para empresas tecnológicas es cada vez más demandante y complejo. Nuestro propósito es apoyar y acompañar empresas de base tecnológica en la implantación y cumplimiento de las nuevas normativas sectoriales que pueden ser de aplicación. Proporcionamos orientación legal para crear un camino claro que ahorre tiempo y recursos
Adaptación a la normativa europea aplicable a Criptoactivos (MiCA, Transfer of Funds) y solicitud ante las autoridades correspondientes de las autorizaciones y licencias obligatorias: Proveedor de Servicios de Criptoactivos o (CASPs), emisor de Asset Reference Token o e-Money Token.
Análisis y adecuación de la compañía a las regulaciones sectoriales aplicables, vigentes o en tramitación. Blockchain y Criptoactivos, De-Fi, Fintech, Pagos, Mercados Financieros, Inteligencia Artificial.
Licencias y autorizaciones ante la CNMV y Banco de España: Proveedores de Servicios de Criptoactivos Plataformas de Financiación Participativa (PFPs), Proveedores de Servicios de Pagos (PSPs), Empresas de Servicios de Inversión (ESI), Infraestructura del Mercado basadas en DLT del Régimen Piloto (MTF DLT, SS DLT y TSS DLT).
Asesoramiento y acompañamiento en la preparación y análisis de la solicitud de participación en el Sandbox financiero.
Asesoramiento integral (legal, fiscal y contable) para procesos de tokenización de activos y emisión a través de Initial Coin Offering (ICOs) y Security Token Offering (STOs):
- RWA.
- Instrumentos Financieros basados en DLT.
- Stablecoins.
- e-Money Tokens.
- CBDC.
- Tokens de Utilidad.
- Tokens de Gobernanza para DAOs.
Elaboración de procedimientos de Due Diligence o auditoría de cumplimiento y elaboración de informe de compliance en virtud de las necesidades detectadas.
Elaboración y redacción de Whitepaper o folleto de emisión de activos tokenizados.
Redacción de contratos y opiniones legales.
Interlocución con entidades e instituciones públicas y regulatorias.
Inspecciones tributarias.
Segunda opinión legal o análisis de viabilidad jurídica de proyectos en virtud de la regulación aplicable.
