La reciente denuncia de la organización NOYB (None of Your Business) contra la Skatteverket, la autoridad fiscal de Suecia, ha reabierto el debate europeo sobre los límites entre la transparencia pública y la protección de datos personales (RGPD).
Según ha trascendido, la autoridad sueca habría vendido datos de millones de ciudadanos a intermediarios privados, quienes los redistribuyen a empresas de publicidad y marketing.
Transparencia pública o explotación comercial de datos
En Suecia, el principio constitucional de publicidad de los actos públicos permite que la información gubernamental esté accesible para garantizar la rendición de cuentas. Sin embargo, esta práctica se ha extendido hacia un modelo de explotación económica de los datos, con implicaciones que van más allá de la transparencia institucional.
Los datos en cuestión incluyen nombres completos, direcciones, situaciones familiares e información sensible que, mediante su comercialización, terminan en manos de anunciantes para fines de segmentación y prospección comercial.
Desde la perspectiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la cesión de datos personales a terceros debe basarse en una justificación jurídica clara. Además, debe cumplir con los principios fundamentales de limitación de la finalidad, minimización de datos y transparencia hacia los titulares de los datos. Según NOYB, «la actuación de la Skatteverket sobrepasa estas exigencias al permitir que datos originalmente recabados con fines fiscales sean utilizados con fines lucrativos sin consentimiento explícito».
Implicaciones para Europa y para el sector FinTech
Este caso, que ha llegado ya a los tribunales suecos, podría sentar un precedente clave para todos los Estados miembros de la UE, especialmente en sectores que, como el financiero y el de los activos digitales, dependen en gran medida del tratamiento responsable y transparente de los datos personales.
Para actores del ecosistema FinTech y de activos digitales, el respeto estricto al RGPD no solo es una obligación normativa, sino también un pilar esencial de confianza hacia los usuarios e inversores. La vigilancia regulatoria sobre el uso de datos se intensifica, y casos como este ponen de manifiesto la importancia de establecer límites claros y garantías suficientes en las operaciones con datos personales, incluidas las realizadas por entidades públicas.
En ATH21, como despacho especializado en regulación de activos digitales, FinTech y protección de datos, seguimos de cerca estos desarrollos que impactan directamente en la seguridad jurídica de nuestros clientes. Asesoramos tanto a empresas del sector privado como a entidades públicas sobre el cumplimiento normativo en materia de datos personales, garantizando que sus modelos de negocio sean sostenibles, transparentes y conformes a la normativa europea.
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